Energia
Foley Hoag logra una victoria para Venezuela y la desestimación de la demanda planteada por Canadian Power Company, valuada en US$ 180 millones, en una controversia sobre un Contrato de suministro de carbón
Una vez más, Foley Hoag ha logrado una victoria para Venezuela en relación con la demanda resultante de un contrato de suministro de carbón entre Nova Scotia Power Inc. (NSPI), compañía energética canadiense, y Guasare Coal International (hoy, Carbozulia International), la rama de comercialización extranjera de una entidad mixta venezolana dedicada a la explotación carbonífera en el estado de Zulia, Venezuela.
En una decisión unánime, el tribunal constituido bajo los auspicios del Mecanismo Complementario (el “Mecanismo Complementario”) del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial dictaminó que carecía de jurisdicción por sobre la demanda interpuesta por NSPI dado que la inversión realizada por NSPI como “inversor” no califica como una inversión según lo dispuesto por el Tratado Bilateral de Inversionessuscrito entre Canadá y Venezuela (“Tratado Canadá-Venezuela”).
NSPI solicitaba una indemnización por la presunta violación de las normas relativas a expropiación y tratamiento justo y equitativo del TBI entre Canadá y Venezuela con respecto a la cancelación del contrato de suministro de carbón. La Demandante interpuso primeramente dicho reclamo contra Venezuela en virtud de la Reglamentación de CNUDMI (UNCITRAL) en el año 2008. En abril de 2010, Foley Hoag logró la desestimación ante el tribunal CNUDMI por carecer de jurisdicción, y ese noviembre, NSPI entabló una demanda por un valor de US$ 180 millones ante el Mecanismo Complementario. NSPI adujo que el Mecanismo Complementario tenía jurisdicción para entender la disputa conforme al Artículo 2 (a) del Reglamento en razón de que la controversia fue el producto directo de una inversión amparada en el TBI, y que, en su defecto, el Artículo 2 (b) era apropiado ya que si bien de acuerdo al TBI las transacciones subyacentes no eran consideradas como “inversión”, éstas se trataban de algo más que transacciones comerciales.
Venezuela impugnó la jurisdicción alegando que las pretensiones de la Demandante eran externas al ámbito del consentimiento del TBI en lo que respecta a la jurisdicción del Mecanismo Complementario, tanto según el Artículo 2(a) como el Artículo 2 (b) en vista de que éstas no habían surgido de una “inversión” en el territorio de Venezuela de acuerdo con lo estipulado por el TBI y de hecho, habían surgido de las transacciones comerciales comunes en concepto de la compraventa de bienes.
NSPI respondió que su contrato de suministro de carbón y las transacciones de compraventa conexas constituían una “inversión” amparada por el TBI que por analogía podían situarse en un instrumento financiero, y que las mismas eran más que transacciones comerciales comunes ya que, entre otras cosas, las transacciones eran el producto de una “extensa relación contractual” y entrañaban compromisos de recursos considerables de las dos partes contractuales.
El tribunal, compuesto por Hans van Houtte (belga), David A.R. Williams (de Nueva Zelandia) y Raúl Emilio Vinuesa (Argentina, España) concluyó que carecía de jurisdicción dado que la controversia no era el producto de una inversión, y entendió que en la determinación respecto de si ha existido una inversión, el tribunal debía considerar la definición objetiva de inversión independientemente del foro. El vocablo “inversión” específicamente conlleva características inherentes y bien sentadas como parte de su acepción común, y el tribunal está obligado a considerar tales características inherentes además de la definición indeterminada y los ejemplos que constan en el Tratado. En este caso, no existió una inversión puesto que las transacciones en cuestión no constituían un “aporte” y carecían del riesgo a nivel de inversión.
Reconociendo que el argumento de la Demandante respecto el Artículo 2(b) planteaba novedosas interrogantes, el tribunal planteó que dicho Artículo no puede emplearse para dejar de lado el límite expreso del consentimiento de los Estados partes respecto de la jurisdicción bajo el Tratado. Por ende, si bien el Artículo 2(b) puede establecer en otras circunstancias la jurisdicción para entender controversias producto de transacciones económicas, dado que lo que rige es el Tratado Canadá-Venezuela, y dado que conforme a lo estipulado en dicho Tratado no existía inversión alguna, esta alternativa no está disponible.
El Dr. Ronald Goodman, socio de la firma Foley Hoag y co-líder del Departamento de Litigios y Arbitrajes Internaiconales de la firma, encabeza desde el año 2008 la defensa de Venezuela en el caso en cuestión. La representación de Venezuela en el caso estuvo también integrada por los socios Thomas Bevilacqua y Mélida Hodgson, y los abogados Alexandra Kerr Meise, Ivan Urzhumov y Angelynn Meya.
Este caso es el más reciente de una serie de representaciones en controversias relativas a energía y minería de la firma Foley Hoag que han terminado en victoria para Venezuela. En el mes de enero de 2013, Foley Hoag logró una desestimación por el valor de mil millones de dólares estadounidenses en una demanda interpuesta por una compañía minera canadiense, Vannessa Ventures ante el Mecanismo Complementario del CIADI. Más recientemente, se adjudicó una desestimación de una demanda relacionada con la explotación minera por US$ 633 millones entablada ante el CIADI, por el inversor holandés Highbury International y el inversor Ramstein Trading en virtud del TBI suscripto entre Venezuela y los Países Bajos y el TBI suscripto entre Venezuela y Panamá. Además de Venezuela, Foley Hoag representa a Bangladesh, Bélgica, Croacia, Djibouti, Ecuador, El Salvador, Mauricio, Nicaragua, Filipinas, Eslovaquia, Uruguay y otros, en procedimientos en marcha.
SOBRE LA FIRMA FOLEY HOAG LLP
Foley Hoag es una firma legal dinámica que representa a clientes públicos y privados en un amplio espectro de controversias y transacciones internacionales. La firma se especializa en sectores tales como las ciencias de innovación y atención a la salud, tecnología, energía y energías renovables, administración de inversiones y servicios profesionales. Asimismo, brindamos a nuestros clientes servicios de primer nivel en mercados en lo que respecta a litigios y arbitrajes internacionales y responsabilidad social de empresas. La asesoría legal que ofrecemos desde nuestras oficinas en Boston, Washington, D.C. y Paris, se realiza en función de las metas singulares de cada uno de nuestros clientes. Foley Hoag combina pujantes prácticas regionales, nacionales e internacionales cuyo enfoque común es el servicio al cliente. Nuestro enfoque se centra en lo que mejor sabemos hacer: ayudar a que nuestros clientes sean exitosos brindando un servicio legal excepcional. Para mayor información, dirigirse a www.foleyhoag.com.
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