Foley Hoag logra una victoria para Venezuela en un arbitraje de inversión

Un tribunal arbitral denegó un reclamo con respecto a una mina de oro y diamantes de más de US$633 millones presentada en contra de Venezuela por el inversionista holandés Highbury International y el inversionista panameño Ramstein Trading.

Un tribunal arbitral denegó un reclamo con respecto a una mina de oro y diamantes de más de US$633 millones presentada en contra de Venezuela por el inversionista holandés Highbury International y el inversionista panameño Ramstein Trading. En una decisión unánime, el tribunal constituido bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) desestimó el caso sobre la base de que no poseía ratione personae ni jurisdicción temporis sobre las demandas.

Las demandantes reclamaron indemnización por supuestos daños causados por la alegada expropiación por Venezuela de concesiones de minas de oro y diamantes, a las que se conoce como las concesiones Alfa y Delta, ubicadas en el Río Caroni con el propósito de construir una planta hidroeléctrica en el área circundante a las concesiones. Este procedimiento ante el CIADI es la segunda vez que los supuestos propietarios de las concesiones Alfa y Delta intentan demandar a Venezuela en un foro extranjero por la presunta expropiación de sus derechos de concesión. En el año 2007, la Compañía del Bajo Caromín (CAROMIN) y VMC Mining (VMC), compañías venezolanas, supuestamente subsidiarias de Highbury y Ramstein, solicitaron una indemnización por parte de Venezuela ante la Corte Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (“Corte de Distrito de los Estados Unidos”). En ese caso, las compañías adujeron que la Corte de Distrito de los Estados Unidos tenía jurisdicción sobre las demandas porque el Ministro Rafael Ramírez, del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo de Venezuela, había alegadamente firmado un acuerdo de renuncia mediante el cual Venezuela supuestamente se sujetó a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos. El caso fue desestimado por la Corte de Distrito de los Estados Unidos porque Venezuela pudo establecer “pruebas contundentes de fraude”, decisión que luego fue confirmada por el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Segundo Circuito.

Habiendo sido rechazadas en los tribunales federales de los Estados Unidos, las presuntas propietarias de las concesiones Alfa y Delta, CAROMIN y VMC, intentaron reafirmar sus demandas ante un tribunal CIADI al reclamar que ellas eran subsidiarias de Highbury, el inversionista holandés, y por tanto estaban amparadas en el tratado bilateral de inversión Venezuela-Holanda. Las demandantes también alegaron que VMC era supuestamente propiedad de Ramstein (una subsidiaria de Highbury), y ésta también estaba amparada en el tratado bilateral de inversión Venezuela-Panamá. El tribunal, compuesto por Enrique Barros (Chile), Guido Tawil (Argentina) y Claus von Wobeser (México), desestimó el caso con fundamento en que las demandantes no habían logrado probar que Highbury había adquirido CAROMIN, el titular de la concesión Alfa, previo a la fecha en que surgió la controversia. El tribunal también sostuvo que Venezuela había establecido con éxito que ni VMC ni Ramstein ni Highbury alguna vez hubieran adquirido título sobre las concesiones Delta.

Foley Hoag LLP representó a Venezuela en el procedimiento judicial en Nueva York así como en el procedimiento arbitral ante el CIADI.

Ron Goodman, copresidente del Departamento de Arbitraje y Litigio Internacional de Foley Hoag, destaca que “esta es otra victoria importante para Venezuela, la cual debería servir de señal de advertencia a los inversionistas con demandas sin fundamentos”.

Alberto Wray, quien lideró el equipo de Foley Hoag que representó a Venezuela en este caso, señaló que, “Al final, el esfuerzo que realizamos para demostrar las fallas en una elaborada estrategia corporativa rindió sus frutos. Fue un exitoso trabajo en equipo.”

Además del Dr. Goodman y el Dr. Wray, los abogados de Foley Hoag quienes representaron a Venezuela en este caso incluyen a Paul Reichler, Kenneth Juan Figueroa, Ignacio Torterola, Tafadzwa Pasipanodya, Cicely Ott Parseghian, Analía González, Diego Cadena, Clara Brillembourg y Vivek Krishnamurthy. Carlos Arrué Montenegro, quien actualmente ya no se desempeña en el bufete, también formó parte del equipo.

Este caso es el más reciente de una serie de representaciones de Estados soberanos ante tribunales internacionales por Foley Hoag y es la segunda victoria completa en este año que se ganó en nombre de Venezuela ante el CIADI. En enero de 2013, Foley Hoag fue victorioso en la desestimación de una demanda interpuesta bajo el Mecanismo Complementario del CIADI por la empresa canadiense Vannessa Ventures. Además de Venezuela, Foley Hoag también representa a Bangladesh, Bélgica, Croacia, Dijibouti, Ecuador, El Salvador, las Islas Mauricio, Nicaragua, la República de Filipinas, Uruguay y otros, en procedimientos en trámite.

About Foley Hoag LLP

Foley Hoag is a dynamic law firm that represents public and private clients in a wide range of disputes and transactions worldwide. We have expertise in industries such as life sciences and healthcare, technology, energy and renewables, investment management, and professional services. We also offer our clients market-leading international litigation and arbitration and corporate social responsibility services. From our offices in Boston, Washington, D.C. and Paris, we provide strategic legal advice that is tailored to each of our clients' unique goals. Foley Hoag combines powerful regional, national and international practices that share a common emphasis on client service. We are focused on what we do best: helping our clients succeed through the delivery of exceptional legal service. For more information, visit www.foleyhoag.com.

Copyright Business Wire 2013

Foley Hoag LLP
Jasmine Trillos-Decarie, 617-832-7010
Director of Business Development and Marketing
[email protected]